Vivienda por Derecho

Aprobado Decreto-Ley para la Función Social de la vivienda

Los desahucios son un problemática derivada de la crisis capitalista, y que estamos viviendo en toda España. En Andalucía, ya se han producido 86.000 desahucios desde que se inició la crisis, 45 cada día. La postura de Izquierda Unida siempre ha sido muy clara: la vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa. Y con ese compromiso entró IU Andalucía en el pacto para gobernar la Junta de Andalucía. El Decreto-Ley para la Función Social de la Vivienda es un paso más en este objetivo.

Merece destacarse también el impulso dado por la movilización de la sociedad andaluza reclamando políticas de justicia social, la labor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, el 15M y todos los movimientos y grupos que han sido capaces de poner en primera línea la problemática de los desahucios.

¿Qué supone?

La vivienda es un derecho humano, y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. El derecho a la propiedad privada no justifica un uso antisocial de la misma. Y una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada.

Este Decreto-Ley consagra la vivienda como derecho protegido, combatiendo su concepto como mera mercancía. Supone un giro radical en la forma de concebir la vivienda: de la vivienda como mercancía, a la vivienda como derecho. Defendemos el interés general frente a los intereses de la banca y las grandes empresas, apuntando directamente a los culpables de la crisis.

Además, este Decreto-Ley tiene como objetivo hacer aflorar el máximo número posible de las 700.000 - 1.000.000 de viviendas vacías actualmente en Andalucía, lo cual representa un 20% del total de viviendas en Andalucía. Al mismo tiempo que 50.000 familias demandan actualmente una vivienda en alquiler en los registros municipales de vivienda.

¿Cómo?

Estas son las principales medidas que se toman con este Decreto-Ley para la Función Social de la Vivienda:

- Expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión….) que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan alternativa habitacional. Izquierda Unida en la Junta está exprimiendo al máximo las competencias de nuestra comunidad autónoma, frente a la negativa del Partido Popular de acabar con los desahucios ilegítimos.

- Sanciones de hasta 9.000 euros a bancos, inmobiliarias y otras sociedades por cada vivienda vacía que tengan. Esta sanción en ningún caso se aplica a las personas físicas. Al contrario, las personas físicas reciben incentivos.

- Incentivos al alquiler para personas físicas: aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos, además de medidas fiscales y subvenciones.

- Políticas públicas al servicio del interés general y con el objetivo de regular desde lo  público el mercado del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda de quienes necesitan una vivienda y no pueden acceder a la propiedad mediante una hipoteca.

Un Decreto-Ley totalmente legítimo

- Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la vivienda .”

- Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.”

- Artículo 33 de la Constitución Española: “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido.”

- Artículo 128 de la Constitución Española: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

- Artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía: “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda.”

¿Dónde acudir?

Los andaluces y andaluzas que vayan a ser desahuciados, y quieran ser asistidos por este Decreto-Ley, deben ponerse en contacto con las Oficinas de Intermediación Hipotecaria de la Junta de Andalucía. Bien sea directamente mediante teléfono ( 958 14 52 87 para Granada ), o en el caso de Loja, a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Loja. En este sentido, desde Izquierda Unida Loja queremos expresar nuestra satisfacción por la adhesión al convenio de colaboración con la Junta para luchar contra los desahucios, aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento.

El Partido Popular rechaza aprobar la dación en pago

Mientras Izquierda Unida en la Junta llevaba hacia adelante su compromiso con las familias y  su derecho a la vivienda, el Partido Popular ha descartado de forma definitiva la posibilidad de aprobar la dación en pago general y retroactiva que pedía la Plataforma de Afectados por las Hipotecas mediante una ILP.

El Partido Popular no solo hace caso omiso al perjuicio que supone perder la vivienda y tener que seguir pagando la deuda, sino que está intentando criminalizar la protesta. Una protesta que se está llevando a cabo de forma totalmente pacífica. El PP no solo no soluciona los problemas de la ciudadanía, sino que además crea un problema donde no lo hay.

Esta es la diferencia. La diferencia entre el Partido Popular, que desde el Estado Central antepone el interés de los bancos al de la ciudadanía. E Izquierda Unida, que desde el Pacto de Gobierno en la Junta de Andalucía, establece de forma pionera la obligación de la propiedad privada de cumplir una función social.

Izquierda Unida demuestra que Sí, Se Puede. Solo hace falta voluntad política.