Andaluces y andaluzas, sabemos que desde 2007 se han producido 86.000 desahucios en Andalucía. Sabemos que es el pueblo trabajador en que los está sufriendo, sabemos que la estafa hipotecaria y la burbuja financiera están provocando mucho dolor.
Cientos de miles de familias trabajadoras dedican más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda, viéndose obligadas a decidir mes a mes, entre pagar la hipoteca o comer. Finalmente, el impago llega, el desahucio se acerca, y en algunas ocasiones la presión se hace insostenible y empuja al suicidio a quiénes la sufren.
Como respuesta a este drama social, Izquierda Unida tuvo muy claro el orden de prioridades. Primero las personas y sus derechos básicos. Y con ese objetivo primordial la Junta de Andalucía aprobó un Decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, para frenar el drama de los desahucios.
Sin embargo, a la derecha que gobierna en España, no le ha gustado que en Andalucía se ponga a las personas por delante de los beneficios financieros. Y por ese motivo, ha utilizado el Tribunal Constitucional para paralizar un Decreto que era un rayo de esperanza para muchas familias. Con este recurso que ha presentado el Partido Popular (y aplaudido por UPyD), queda demostrado una vez más que al PP no le importan las personas, que para la derecha lo importante son los bancos y sus cuentas de resultados.
En Izquierda Unida no nos resignamos. Vamos a dar la batalla para defender la función social de la propiedad, el derecho humano a la vivienda, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y una Andalucía sin desahucios.
En defensa del derecho a la vivienda digna y adecuada.
Por una Andalucía sin desahucios.
¡No a la paralización del Decreto para la función social de la Vivienda!
¡No al recurso del Partido Popular!
Defendemos la constitucionalidad de este Decreto
196.000 familias reclaman en la actualidad una vivienda a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda. Toda una generación, sin trabajo y sin expectativas, tiene imposible emanciparse. En muchas casas comienzan a convivir dos y tres generaciones: se hacinan las personas y los problemas. Cualquier observador externo pensaría que en Andalucía faltan casas.
En contraste, en Andalucía existen 700.000 viviendas vacías. Viviendas que en su mayoría pertenecen a las entidades financieras, inmobiliarias o sociedades de gestión de activos.
Según la Constitución Española, que debe orientar la acción de los poderes públicos, el acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho, siendo estos poderes públicos los responsables de “promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas” para hacerlo efectivo. Así lo recoge su artículo 47. En otro artículo, el artículo 33, la Constitución reconoce “el derecho a la propiedad privada” y que “la función social” de ésta, “estará delimitada por las leyes”. Por último, el Artículo 128 de la Constitución señala que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Consideramos que “toda la riqueza del país” incluye las 700.000 mil viviendas andaluzas y vacías.
Izquierda Unida nos rebelamos contra la irracionalidad de “casas sin gente, y gentes sin casa”, algo que los poderes públicos han permitido durante décadas. Si hay algo inconstitucional, eso es que la propiedad privada de los poderosos esté por encima del interés general.
Y entonces nos enteramos de que el Presidente del Tribunal Constitucional tiene carnet del PP
Desde Izquierda Unida creemos que no es ético que un magistrado militante del PP marque el futuro de los andaluces. El Tribunal Constitucional ha de ser imparcial, por eso su presidente no puede ser juez y parte. Siendo militante del PP, Andalucía está vendida en el alto tribunal, puesto que ya son 21 los recursos que tiene esta comunidad autónoma, el último el recurso al Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda.
Por todo esto, exigimos al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que no decida sobre asuntos relacionados con Andalucía. Y además, desde el Gobierno andaluz, IU estudiará las vías jurídicas para apartarlo de las decisiones relacionadas con nuestra Comunidad.
El gobierno de Rajoy está deslegitimado
El gobierno de Rajoy, que está asfixiando a Andalucía con recortes a su financiación y poniendo todo tipo de trabas al desarrollo de nuestra autonomía, tiene además el cinismo de culpar a la Junta de Andalucía de los recortes del PP. El Partido Popular recorta a Andalucía desde el gobierno, para luego acusar a la Junta de no poder mantener todos los servicios. Servicios que justamente Andalucía sí está manteniendo, al contrario que en comunidades gobernadas por el PP donde la norma es la privatización de los servicios públicos.
A lo anterior, se suman todas las falsas promesas que ha incumplido (prometió no recortar en sanidad y educación, prometió mantener el Estado del Bienestar, prometió creación de empleo, etc.). Y se suma también la sombra de la corrupción, ante las revelaciones judiciales hechas por el extesorero Luis Bárcenas, que podrían probar la participación de Mariano Rajoy y de buena parte de la cúpula del PP en la financiación ilegal del PP.
Es por tanto el gobierno del Partido Popular un gobierno deslegitimado. Deslegitimado por gobernar contra las autonomías, particularmente contra Andalucía. Deslegitimado por haber ganado las elecciones con un programa que ha incumplido totalmente. Y deslegitimado, porque si se prueba la veracidad de las pruebas presentadas por Bárcenas, el PP habría ganado las elecciones con financiación ilegal, algo muy grave en una democracia.
Por todo esto desde Izquierda Unida no tenemos dudas. Exigimos la dimisión de Rajoy y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones.
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